Fue el fiasco de la Operación Chacal: un cúmulo de descoordinaciones, prisas y errores que permitió que todos los miembros de una presunta célula quedaran libres y que Es Satty, presunto discípulo de Mohamed Mrabet, el carnicero epicentro de aquel caso, pasara desapercibido. ¿Qué sucedió en Chacal?
DESCOORDINACIÓN POLICIAL.Policía y Guardia Civil comenzaron sus pesquisas al alimón en 2005, pero por separado. Los verdes investigaban directamente en Vilanova, mientras que los azules llegaron a través del entorno del 11-M. Como a veces sucede en los casos de pesquisas policiales, no sobró la colaboración y sí cierta competencia. Habla el abogado de uno de los imputados: «Ambos cuerpos tenían mucha prisa por judicializar y llevarse el mérito de cazar a los malos. Si hubieran esperado un poco más podrían haber obtenido pruebas sólidas, seguro, pero tenían prisa. Y las prisas, en una investigación así, no son nada buenas». El 10 de enero de 2006, tanto policías como guardias civiles se presentan en el domicilio del cabecilla de la célula, Mohamed Mrabet, para detenerle. El jefe policial intenta leerle sus derechos y un guardia civil se lo impide. «Como quiera que el operativo de entrada fue llevado a cabo por funcionarios de la Guardia Civil, se solicita permiso del oficial del mismo cuerpo para leer los derechos al detenido, siendo denegado el permiso por el citado funcionario, comentando que tenía órdenes de sus superiores de impedirlo». En otro informe, bajo el epígrafe «Imposibilidad de proceder a la detención de implicados en este procedimiento» se explica que, pese a intentarlo los policías, han sido los guardias quienes han detenido a los principales imputados: «Los cinco individuos citados no pudieron ser detenidos por funcionarios de esta comisaría, ya que les fue impedido por la Guardia Civil».
PINCHAZO SIN ÉXITO. La Policía pidió en septiembre de 2005 al juez Grande-Marlaska permiso para pinchar el teléfono de Es Satty, acólito habitual del líder de la célula, Mrabet. Se argumentaba, como adelantó ABC, que podía ser «intermediario en el apoyo logístico» para el terrorismo. Un mes después, la propia Policía pedía al juez cesar la intervención telefónica, porque no se había logrado «información relevante» y por entender que Es Satty usaba, como habitualmente los sospechosos de terrorismo, «otro número, sin que por el momento se tenga conocimiento del mismo». Es decir, la Policía le acusaba de usar dos teléfonos, como miembro de la célula. Sin embargo, ni el teléfono de Es Satty fue pinchado de nuevo, ni se localizó otro teléfono suyo. ¿Prisas? Las detenciones estaban a dos meses de producirse y las pesquisas se centraron en los principales sospechosos. Es Satty nunca fue uno de ellos.
TESTIMONIOS INÚTILES. Los indicios contra Es Satty, que había sido imam en Vilanova, prosiguieron tras las detenciones. Como adelantó este diario, el imputado Omar Boudame, empleado en la carnicería de Mrabet, le señaló como habitual de reuniones en las que se llamaba a la Yihad, y dijo que Es Satty había convivido con Belgacem Bellil, que se inmoló matando a 19 soldados italianos en Irak. Boudame, después exonerado, reconoció a Es Satty en las fotos, pero nada sucedió. El juez Garzón, de regreso de su excedencia, jamás llegó a imputar a Es Satty, cuyo nombre se escurrió de la lista de 20 detenidos y 22 procesados, de los que sólo nueve fueron juzgados.
FIASCO EN LA AUDIENCIA NACIONAL. Más allá de la instrucción de Garzón y Marlaska, la sentencia del juez Javier Gómez Bermúdez en la Audiencia, que condenaba a nueve personas por terrorismo, fue arrasada en 2011 por el Supremo. «Invalidez y total ineficacia de las pruebas obtenidas». Argumentos «vagos, imprecisos y notoriamente especulativos». «No hay elemento probatorio de captación o reclutamiento». «Ausencia de argumentos». Y así. El Supremo deploró que casi toda sentencia de la Audiencia pivotaba en torno a un pinchazo «obtenido sin autorización judicial», y también el hecho de que la propia Audiencia declarara invalidadas muchas de las declaraciones de los condenados en instrucción -pero no otras- por considerar que habrían sido obtenidas bajo presión. Insólitamente, el Alto Tribunal termina su sentencia (acordada por el pleno) remitiendo al Ministerio Fiscal las posibles torturas denunciadas por «todos» los condenados, y mencionadas por la propia Audiencia Nacional, para «promover la acción de la Justicia».
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