Cuatro años después del golpe de Estado, el mariscal de campo gobierna un desastre económico con todas las libertades públicas aplastadas
Durante la fugaz presidencia del islamista Mohamed Mursi las conspiraciones alcanzaron su cénit. Se murmuró la venta de la península del Sinaí a Hamas y el cheque qatarí para hacerse con las majestuosas pirámides de Giza. Nadie, sin embargo, firmó transacción alguna. Cuatro años después del golpe de Estado que reconcilió a Egipto con su pasado más autoritario, el ex jefe del ejército Abdelfatah al Sisi acaba de acometer la cesión de territorio que jamás rubricó su predecesor. En mitad de una catastrófica situación económica y política, el régimen ha cedido dos islas del mar Rojo a la reverenciada Arabia Saudí, la monarquía absoluta que ha gastado millones de dólares para evitar la bancarrota de la tierra de los faraones.
"Lo que nos rodea es un auténtico fracaso político y económico. Hace cuatro años existía al menos espacio político aunque eso no significara que los Hermanos Musulmanes fueran partidarios de la democracia. Hoy, en cambio, solo hay una voz, la del presidente. La única tolerada y escuchada", relata a EL MUNDO un conocido activista de derechos humanos que exige anonimato. Como decenas de camaradas, su nombre está incluido en la abultada lista de ciudadanos que tienen prohibido abandonar el país y se enfrenta a una judicatura convertida en brazo ejecutor de una represión que ha laminado el más leve espacio de libertad.
Desapariciones y torturas
"Estoy preparado para algo mucho peor. La única opción es acabar en prisión", admite quien se ha acostumbrado a los interrogatorios y la continua vigilancia de un infame y ubicuo aparato de seguridad. Una salvaje persecución, inaugurada con la asonada, ha enviado a la cárcel a decenas de miles de opositores. En oscuros episodios nunca esclarecidos, las fuerzas de seguridad se han cobrado cientos de vidas y han hecho desparecer a varios miles de habitantes bajo el argumento de una vaga lucha contra el terrorismo que justifica cualquier crimen.
"Es una táctica habitual. Primero se les pierde el rastro y luego se dice que eran terroristas y que murieron en un tiroteo. O aparecen, de repente, acusados de un delito cometido después de ser arrestados. Historias terribles que escapan a la imaginación", señala a este diario Ibrahim Metwali, un abogado dedicado a documentar la procesión de extraviados en los pasillos de la Seguridad del Estado. Uno de los primeros casos que asumió fue el de su propio vástago. "Mi hijo Amr despareció el 8 de julio de 2013. Desde entonces no hemos recibido ninguna información oficial sobre su paradero. Por lo que he podido averiguar lo llevaron primero al penal de Wadi al Natrum y después a una cárcel militar".
"Buscan aterrorizar a la sociedad. Han pasado cuatro años y todo va de mal en peor. Cualquiera puede ser asesinado sin que su verdugo reciba castigo", desliza este padre de familia, impermeable al desaliento y las amenazas. En las celdas y las comisarias del país más poblado del mundo árabe, célebres por sus espeluznantes condiciones, las denuncias de tortura se han propagado como una epidemia. "Desde el golpe de Estado las violaciones de los derechos humanos, las torturas y los asesinatos extrajudiciales son continuos", afirma a este diario Aida Seif, histórica activista del Centro Nadim para la Rehabilitación de Víctimas de Violencia, una organización inaugurada en tiempos de Hosni Mubarak y clausurada ahora por las autoridades.
Jaque mate a las ONG
"Nuestra labor es más necesaria que nunca. Vamos a continuar a pesar de que exista una persecución contra toda la sociedad civil y contra todo aquel que discrepa", añade Seif. Un desafío que, en mitad de un asfixiante atmósfera, resulta cada vez más arduo. A finales de mayo Al Sisi -con el viento a favor de su amistad con el presidente estadounidense Donald Trump- ratificó una ley que impone draconianas condiciones a la labor de las ONG, sometidas ahora al placaje gubernamental.
"Simplemente no se puede trabajar. Es la peor norma que se podía redactar. Persigue colocar nuestro trabajo bajo el aparato de seguridad", advierte el activista de derechos humanos. El afán de las agencias de seguridad y el estamento castrense por extender sus tentáculos por todos los organismos estatales y la calle dictando una controvertida ley antiterrorista y prorrogando el Estado de emergencia no ha evitado, sin embargo, los ataques terroristas en el Sinaí o los atentados contra la minoría cristiana del país, cada vez más irritada por la falta de protección y las fallas de un sistema más interesado en cazar al disidente.
Injusticia y último asalto a la libertad de prensa
Protegido por un Parlamento repleto de leales y escenario de grotescas sesiones, Al Sisi convalidó hace una semana una de las medidas más polémicas del hemiciclo: la entrega de las islas de Tirán y Sanafir a Arabia Saudí. El mariscal de campo que urdió la "manu militari" aprovechó la víspera del final del ramadán para refrendar un acuerdo de demarcación marítima que la castigada oposición considera una escandalosa renuncia a la soberanía egipcia de los islotes, una causa cuya constitucionalidad debe aún dirimir la Justicia.
Para aplacar la rebelión de una judicatura que ya le ha retado en el pasado, Al Sisi nombró el jueves a los jefes de tres instituciones judiciales del país, entre ellos, el Tribunal de Apelaciones. Es el primer presidente que firma una designación a golpe de decreto después de la reforma judicial aprobada en abril con la oposición abierta del Consejo de Estado. "Estamos ante un régimen dictatorial que solo busca acallar a todas las voces y cerrar a cal y canto el espacio público", apunta el combativo periodista Jaled al Balshi. El medio digital del que es editor, el izquierdista Al Bedaya, es una de las 118 páginas web que desde mayo han sido bloqueadas por las autoridades vulnerando la Constitución.
"Es la continuación de las violaciones de un Gobierno al que nunca ha detenido cometer una ilegalidad", asevera Al Balshi. Según la clasificación anual de Reporteros Sin Fronteras, la situación de la libertad de prensa en Egipto es peor que en Turquía o Venezuela. "Solo les interesa controlar y censurar. Hay periodistas en prisión por su trabajo y otros que han perdido sus empleos. Si se persiguieran las noticias falsas, habría que cerrar Al Ahram [diario estatal] y otros tantos medios del régimen".
Una economía de guerra
Con una vigilancia estatal que se propaga por las redes, la libertad que germinó tras el ocaso de Mubarak se ha apagado. La disidencia, sin embargo, ha encontrado refugio en la depresión económica. La devaluación de la libra egipcia, ordenada en noviembre, ha destrozado a una población minada por la pobreza y los abismos sociales. El jueves el Gobierno anunció una subida de hasta el 50% del precio del combustible para cumplir con el préstamo de 12.000 millones de dólares acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que ha impuesto un brusco tijeretazo a los subsidios y el aumento de los impuestos. Con una tasa de inflación que ronda el 30% y un boom demográfico sin freno, Al Sisi suele repetir en público la necesidad de asumir sin rechistar una larga época de sacrificios.
Abonado a la receta de "mano dura" que ya fracasó en el pasado y consciente de que no hay luz al final del túnel, el otrora ministro de Defensa prepara el terreno para presentarse a la reelección en las elecciones del próximo año. En 2014 venció a la búlgara, con un 96,91 por ciento de los votos. Su popularidad actual, no obstante, vuela bajo en un país cada vez menos influyente en la arena internacional.
Las demandas que prendieron la mecha en 2011 -pan, libertad, justicia social o dignidad- siguen plenamente vigentes. "El futuro inmediato no alimenta el optimismo pero este régimen no puede sobrevivir eternamente. Lo que resulta más terrorífico es que están destruyendo a la sociedad civil y a los partidos políticos. Su ausencia solo servirá para que crezcan el fanatismo y el extremismo. Egipto se parecerá a Libia y al escenario que dejó la caída de Gadafi", alerta el activista.
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